La salida de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se convirtió en uno de los ceses más controvertidos del actual sexenio. Aunque el funcionario denunció presunta violencia institucional en su contra, fuentes internas y documentos del Órgano Interno de Control apuntan a diversas causas administrativas y políticas detrás de su destitución.

Uno de los señalamientos más delicados es la presunta implementación de un esquema de cobro de cuotas a colaboradores de confianza, referido internamente como “moche revolucionario”. Según los reportes, se retenía una parte del salario de trabajadores del área para financiar comités paralelos a la estructura formal de la SEP y actividades de corte político.

Otro foco de conflicto fue la exclusión de mujeres en contenidos educativos. El caso más citado es el libro de primaria México: Grandeza y Diversidad, en el que, de aproximadamente 900 imágenes históricas, solo nueve correspondían a figuras femeninas. De acuerdo con versiones internas, Arriaga se habría negado a ampliar la presencia de mujeres en la publicación, en contraste con la narrativa de perspectiva de género impulsada por el gobierno federal.

A ello se sumaron tensiones internas por sus llamados a “refundar” la SEP y por su negativa inicial a dejar el cargo tras ser notificado de su remoción. El exdirector acusó a sus superiores de buscar la privatización de la educación y promovió la formación de comités externos de defensa. Incluso, ante elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, manifestó que estaba dispuesto a ser esposado.

La destitución de Arriaga cierra un capítulo marcado por confrontaciones internas, disputas ideológicas y cuestionamientos administrativos dentro de la SEP, una de las dependencias clave del gobierno federal. El episodio deja al descubierto las tensiones entre discurso político, gestión institucional y control interno en el sector educativo.