Ciudad de México; 03 de octubre de 2024. En un fallo reciente, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral (Trife) ha determinado que el sacerdote Sergio Joel Ascencio Casillas pudo haber transgredido el principio constitucional que estipula la separación entre la Iglesia y el Estado. Esta decisión surge tras una queja interpuesta por Claudia Delgadillo, quien fuera candidata a la Gubernatura de Jalisco por el partido Morena y sus aliados. La reclamación ha puesto en el centro del debate la intersección entre religión y política en el estado.

El Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, encargado de instruir el caso, declaró procedente el procedimiento especial sancionador 237/2024. Con esta decisión, busca revocar una sentencia previa del Tribunal Electoral de Jalisco (Triejal). Esta instancia había desestimado anteriormente las acusaciones presentadas en julio por Delgadillo, quien representaba a la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Jalisco". El fallo del Trife pone en entredicho la decisión tomada por el tribunal local, reabriendo el caso para un examen más detallado.

El caso ha generado un debate considerable en torno a los límites del activismo político de figuras religiosas y cómo estos pueden influenciar el ámbito electoral. La denuncia presentada por Delgadillo refleja preocupaciones sobre posibles incursiones de actores religiosos en procesos políticos, una práctica que, de confirmarse, podría sentado un precedente preocupante en la política regional. Por ello, el Trife ha subrayado la importancia de una investigación exhaustiva para asegurarse de que se mantienen los principios constitucionales.

Este tipo de controversias resalta la importancia de salvaguardar la imparcialidad en contextos electorales. La decisión del Trife no solo apunta a clarificar las acciones de Ascencio Casillas, sino también a reforzar la necesidad de seguir limitando las intervenciones que pudieran afectar la equidad en contiendas electorales. El tribunal pretende establecer lineamientos claros que prevengan futuras acciones similares y garanticen la independencia política de figuras eclesiásticas.

Mientras se lleva a cabo este proceso, la respuesta pública ha sido disímil. Algunos sectores han expresado su apoyo a la posición adoptada por el tribunal federal, señalando su compromiso para mantener la neutralidad política. Sin embargo, otros han manifestado preocupaciones sobre la interpretación de los límites entre libertad religiosa y participación pública. Sea cual fuere el resultado final, este caso plantea reflexiones esenciales sobre el papel de las instituciones religiosas y su influencia en la política mexicana actual.