A pocos meses de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal adjudicó un contrato por 4.2 millones de dólares a una empresa vinculada con el empresario israelí Uri Ansbacher, acusado de haber entregado sobornos millonarios a funcionarios mexicanos a cambio de contratos relacionados con el software de espionaje Pegasus.

Según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la empresa Air Cap SA de CV —considerada fantasma por el SAT— recibió el contrato en julio de 2018, apenas cuatro meses antes de que Peña Nieto dejara la presidencia. El contrato fue firmado por la Secretaría de Gobernación para dar mantenimiento a helicópteros Kazan MI-17 de la Policía Federal.

Aunque el documento fue firmado bajo la administración priista, el pago se completó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2020. De hecho, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) siguió solicitando cotizaciones a Air Cap al menos hasta ese mismo año, según consta en oficios obtenidos por MCCI.

Air Cap aseguraba tener una plantilla de 250 empleados, pero sus domicilios fiscales estaban en Tepito e Iztapalapa, y funcionaban como oficinas virtuales contratadas por internet. El SAT la incluyó oficialmente en su lista de empresas fantasma el 28 de marzo de 2025, tras detectar falta de activos, personal y capacidad operativa para ofrecer los servicios facturados.

La empresa también figura en la investigación internacional Pegasus Project, publicada en 2021 por periodistas de 17 países. De acuerdo con esta red de reportajes, Air Cap era parte de una red de 18 empresas fachada creadas por Ansbacher en México para vender el malware Pegasus a fiscalías y dependencias de seguridad del país.

Durante el mandato de Alfredo del Mazo en el Estado de México, Air Cap recibió contratos por más de 784 millones de pesos, suministrando desde brazaletes electrónicos y cámaras de vigilancia, hasta bloqueadores de señal para penales y equipos de radar. Las principales contrataciones provinieron de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Seguridad del Edomex, tras reuniones con el también empresario Avishal Neriah.

La semana pasada, el diario israelí The Marker reveló que tanto Uri Ansbacher como Avishal Neriah reconocieron en una disputa legal haber entregado sobornos al expresidente Peña Nieto a cambio de contratos, incluyendo los relacionados con Pegasus. Documentos judiciales detallan cómo se repartieron los negocios derivados de sus vínculos con el gobierno mexicano.

En respuesta, Peña Nieto negó las acusaciones, calificándolas de “falsas y dolosas”. Sin embargo, el fiscal Alejandro Gertz Manero confirmó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Este caso vuelve a colocar en el centro del debate el uso de empresas fachada, la vigilancia ilegal y los posibles actos de corrupción al más alto nivel del gobierno federal durante el sexenio anterior.