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Además de democratizar elecciones en México, la Reforma Electoral ahorraría 24 mil mdp

Además de democratizar elecciones en México, la Reforma Electoral ahorraría 24 mil mdpGuru /Viernes, 29 de abril del 2022


La iniciativa de Reforma Electoral, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciada esta mañana pretende democratizar el sistema electoral y modificar sustancialmente la composición de las Cámaras de de Diputados y Senadores, así como los congresos locales, por medio de la reducción del número de diputados federales y locales, así como de senadores, además de la desaparición de los organismos electorales locales y convirtiendo al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), reduciendo de 11 a 7 los consejeros.

Con lo anterior, además de una reducción en el financiamiento a los partidos políticos, se obtendría un ahorro de 24 mil millones de pesos, es decir: se lograría una mayor eficiencia, una representación más sensata y un costo del proceso electoral más acorde a la realidad nacional.

“En esta parte de la modificación de las autoridades electorales, del número de representantes, de legisladores, de ayuntamientos, nosotros sostenemos que con éste va a tener el país un ahorro aproximado de 24 mil millones de pesos, son los cálculos que tenemos, derivado del gasto que se hace en este momento en estas actividades. También, el financiamiento a los partidos estará modificado para garantizar que el financiamiento público se dé exclusivamente para campañas electorales, haciendo también un mecanismo que evite que las burocracias partidarias tengan, dispongan de recursos todos los años, todos los meses, como actualmente sucede”, dijo Horacio Duarte, durante su participación en la conferencia mañanera de este jueves.

La iniciativa contempla también que tanto los consejeros electorales, como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean elegidos de entre varios postulantes que cuenten con los conocimientos requeridos, pero que además sean de una indiscutible buena fama pública y de incuestionable honestidad.

En cuanto al financiamiento a partidos políticos, se plantea que, si bien se mantenga la misma fórmula actual de la distribucio?n del financiamiento pu?blico, estos ya no se entreguen para las actividades ordinarias, tales como su plantilla laboral e inmuebles, como sucede ahora, sino que los recursos solamente sean entregados durante la temporada de elecciones y que la operación cotidiana de los institutos políticos sea financiada directamente por sus militantes y simpatizantes, pero siempre apegados a la ley y transparentando el origen de los recursos recibidos.

“El objetivo es reducir el alto costo que los partidos poli?ticos representan al erario y obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles mediante esas aportaciones, legalmente vigiladas. El financiamiento pu?blico se mantendri?a solamente para el gasto de campan?as durante la contienda electoral”, señala el documento.

En cuanto a la obtencio?n de recursos privados, se estipula que tanto para las actividades ordinarias de los partidos como para sufragar sus gastos de campan?a se tienen que identificar y reportar la fuente de todo recurso obtenido, sin exceder los topes sen?alados en la legislacio?n, con las condicionantes de que los recursos provistos no sera?n deducibles de impuestos y se prohibirá que una misma persona fi?sica done en un an?o calendario a ma?s de un partido o candidatura independiente.

La desaparición de las OPLES está plenamente justificada por el hecho de que el INE ha ido ejerciendo cada vez ma?s su facultad de atraccio?n sobre las funciones de los OPLES, “al grado de realizar o verificar pra?cticamente todas las actividades significativas que corresponden formalmente a dichos o?rganos, salvo la investigacio?n y sustanciacio?n de quejas; el registro de candidatos, co?mputos y declaracio?n de validez”. En ese sentido, asegura que “contar con una autoridad administrativa u?nica abonara? a dar mayor certeza y a armonizar los procesos electorales y de participacio?n ciudadana”.

Con esto se pretende federalizar las elecciones y que el INEC se auxilie de órganos electorales temporales durante las épocas de elecciones “que concentren las funciones que han sido fragmentadas en innumerables unidades administrativas, a efecto de contar con la estructura indispensable para garantizar las funciones asignadas en la legislacio?n”.

“En conclusio?n, al hacer del INEC una instancia u?nica y verdaderamente nacional con funciones claramente delineadas, se fortalece nuestro sistema democra?tico, lo que brinda a la ciudadani?a y los partidos poli?ticos mayor certeza juri?dica, claridad en los procesos y eficiencia en el desarrollo de funciones. Lo anterior unifica la toma de decisiones en distintos procesos relacionados y garantiza su correcto desarrollo, adema?s se dejari?an de erogar cuantiosos recursos que actualmente se gastan en las estructuras de los o?rganos electorales”, se lee en el documento.

En lo que respecta a la selección de candidatos para la elección de consejeros delINEC y magistrados del TEPJF, la reforma plantea que sean las Ca?maras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nacio?n y la persona titular del Ejecutivo Federal los que presentan las candidaturas y que “el voto popular decida la integracio?n de la Sala Superior del TEPJF y del Consejo General del INEC”.

“Dichos cargos sera?n ocupados por un periodo de seis an?os improrrogable. La jornada electiva para definir a las personas titulares de estos o?rganos se celebrari?a el primer domingo de agosto, cada seis an?os, con excepcio?n de la primera jornada electiva”, señala el texto.


La iniciativa explica que, a convocatoria de la Cámara de Diputados, cada uno de los Poderes de la Unio?n, “postulara? a 20 personas de manera paritaria para la integracio?n del Consejo General del INEC, y a 10, para las magistraturas. En ambos casos el INEC organizari?a el proceso electivo” y, una vez efectuada la jornada de votacio?n, el INEC realizara? los co?mputos de la eleccio?n y los comunicara? a la Ca?mara que corresponda para que e?sta realice y publique la suma y e?sta a su vez la remitira? a la Suprema Corte, que tendra? la facultad de resolver las impugnaciones, calificar el proceso y declarar sus resultados.

“Para la integracio?n del INEC, se elegira?n a siete personas consejeras y presidira? el organismo aque?lla que haya obtenido la mayor votacio?n. En lo que respecta a la Sala Superior del TEPJF, se elegira?n tambie?n a siete personas magistradas; la presidencia se definira? por eleccio?n de sus integrantes y se ocupara? por un periodo de dos an?os”, detalla la iniciativa.

La Reforma Electoral propone, además, ??un me?todo de eleccio?n que “busca mejorar la representacio?n ciudadana depositada en las Ca?maras del Congreso de la Unio?n con la reduccio?n del nu?mero de sus integrantes y su eleccio?n mediante una sola lista por entidad federativa”, con lo que la Ca?mara de Diputados quedari?a conformada por 300 curules, es decir, una reducción de 200 diputados y el Senado pasaría de 128 a 96 escaños, en una elección a trave?s del sistema de listas por entidad federativa, lo cual “obligari?a a las personas candidatas a hacer campan?a territorial”.

A pesar de que se mantiene la regla histo?rica mexicana segu?n la cual toda entidad federativa debe contar con al menos dos diputaciones, para el nu?mero de curules de cada entidad, se dividira? el nu?mero total de mexicanos, fijado conforme al u?ltimo censo general de poblacio?n, entre las 300 diputaciones, ese resultado sera? el cociente de distribucio?n, es decir la base para asignar el nu?mero de diputaciones que correspondera? a cada entidad federativa.

El Senado a su vez se integrara? con tres senadurías por cada entidad federativa, para un total de 96 escaños, elegidos tambie?n por lista, mediante cociente natural y resto mayor, mientras que, para los congresos locales, se propone establecer topes en la definicio?n de sus integrantes para que el nu?mero de representantes en las legislaturas estatales estados no exceda las 15 diputaciones en aquellas entidades federativas cuya poblacio?n sea menor a 1 millo?n de personas, y por cada 500 mil habitantes adicionales, podra? incrementarse en un diputado o diputada hasta un ma?ximo de 45 diputadas y diputados.