Redacción

La reforma de ley para frenar el tráfico de influencias y la corrupción en el Poder Judicial con jueces, magistrados y ministros propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se aprobó en lo general por el Senado.

Además, se plantearon cambios a siete artículos de la Constitución, también la expedición de dos nuevas leyes: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.

Cabe señalar que se contempló reforzar las facultades institucionales del combate a la corrupción y el nepotismo; además de consolidar la carrera judicial para todas las categorías, limitar la discrecionalidad de los nombramientos dados por jueces y magistrados, para asegurar que solo se otorguen a los vencedores de los concursos de oposición.

En este sentido, cabe destacar que uno de los puntos relevantes es que se propusieron modificaciones al artículo 105 de la Constitución, con el objetivo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no analice cuestiones de legalidad, en lugar de ello se concentrará en analizar violaciones directas a la Constitución y Tratados Internacionales de los que México sea parte.

Asimismo, para sentar una jurisprudencia ya no harán falta cinco sentencias, como sucedía actualmente, pues ahora solo se necesitará una y será ley.

Para finalizar, cabe mencionar que también se contempla cambiar la denominación del Instituto de la Judicatura Federal por el de Escuela de Formación Judicial, cuyo objetivo será el de implementar los procesos de educación, capacitación y actualización del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial de la Federación y sus órganos auxiliares.

Con información de El Gato Político

Islas Marías será reserva de la biosfera

El Pleno del Senado abrogó el Estatuto de las Islas Marías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1939, para llevar a cabo el cierre de operaciones del complejo penitenciario que ahí se ubica, con el fin de que ese archipiélago, localizado en las costas de Nayarit, sea considerado como área natural protegida con carácter de Reserva de la Biósfera.

Durante la sesión de este viernes, desde tribuna, Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, señaló que cerrar aquel complejo penitenciario y modificar su estatus a reserva ambiental, tiene como objetivo principal eliminar su tratamiento anacrónico y redistribuir los recursos destinados al cumplimiento de penas para destinarlos a la recuperación de zonas federales de gran importancia ambiental.